El vending propone correcciones en el decreto de alimentación saludable por su impacto en el sector
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El vending propone correcciones en el decreto de alimentación saludable por su impacto en el sector

Aneda, la asociación de distribuidores automáticos, pide corregir los puntos del real decreto de alimentación saludable que afectan al vending

Aneda, la Asociación Nacional Española de Distribuidores Automáticos, pide al Gobierno que mantenga abierto el diálogo para corregir los aspectos del real decreto de alimentación saludable y sostenible en centros públicos y sociosanitarios que afectan a la venta automática. Su directora general, Yolanda Carabante, afirma que el sector apoya una alimentación más saludable pero no medidas que ignoren su realidad, y advierte de que una norma con problemas jurídicos puede generar litigios y máquinas vacías.

La asociación recuerda que en muchos hospitales, residencias y centros públicos las máquinas son la única opción de comida por la noche, en fines de semana o cuando la cafetería está cerrada. Sus usuarios son sobre todo personal sanitario, visitantes y familiares, por lo que defiende que su papel complementario no se compare con las dietas pautadas de pacientes y residentes. Subraya además que el vending se consideró actividad esencial durante el estado de alarma por la Covid-19.

El borrador sometido a información pública exigía destinar el 80% del espacio de cada máquina a una lista concreta de productos, y que el 20% restante cumpliera también criterios nutricionales. Aneda sostiene que esto deja casi toda la oferta sujeta a reglas, sin margen para adaptarla a cada centro. Pide que las nuevas exigencias puedan cumplirse con el parque de máquinas existente y reclama una memoria económica y un análisis específico del impacto sobre autónomos y pequeños operadores.

Según estimaciones del propio sector, el vending en centros públicos genera unos 60 millones de euros anuales en cánones; una aplicación estricta podría recortarlos en unos 18 millones, 8 de ellos en hospitales y centros sanitarios, y poner en riesgo unos 2.000 empleos. Aneda añade que exigir productos frescos de corta caducidad en máquinas sin reposición diaria aumentaría las mermas, lo que chocaría con la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario de 2025, y podría dejar concursos desiertos.

La asociación señala también problemas jurídicos: un régimen sancionador sin cobertura legal suficiente, normas de vending que irían más allá de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición y la falta de notificación a la Comisión Europea, obligatoria para reglas técnicas que afectan al comercio. Ha remitido a varios ministerios una nota técnica que propone, entre otras medidas, un plazo de adaptación de 24 meses (el que figura en la memoria del borrador, frente a los 12 del articulado) y la protección de los contratos vigentes. El presidente de Aneda, Juan Luis Hernández, pide valorar las consecuencias antes de decidir, y la asociación recuerda que firmó la Estrategia Naos y participó en el plan de mejora de la composición de los alimentos, que redujo un 15% el azúcar en bebidas calientes.